Biden destaca que los cargos de crímenes de guerra de la CPI contra Putin "están justificados"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho referencia a la orden de detención contra Putin que la Corte Penal Internacional ha emitido este viernes:"Creo que está justificada. Pero la cuestión es que nosotros tampoco la reconocemos internacionalmente. Sin embargo creo que es un argumento muy sólido".

Estados Unidos no es uno de los países que pertenece a este organismo de la Justicia internacional. No ratificó el tratado para ser miembro, de tal forma que no sus presuntos crímenes de guerra en Irak o Afganistán no han podido ser encausados en la Haya. Esto hace que el proceso para luchar por que Rusia rinda cuentas ante este tribunal por su guerra de agresión a Ucrania.

El Estatuto de Roma tiene 123 Estados Parte, entre los que faltan potencias importantes, como Estados Unidos, Rusia, China, India o Israel, lo que en la práctica supone que la CPI no tiene jurisdicción sobre los crímenes de guerra, de lesa humanidad, de genocidio o de agresión que puedan cometer.

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Marieke De Hoon, experta en Derecho Internacional, subraya a EFE que Estados Unidos ha sido un gran defensor de la justicia penal global, pero “siempre se ha mostrado reacio a la creación de un tribunal supranacional con jurisdicción sobre sus nacionales: justicia para los demás, pero no para sí misma”, lo que “encaja en su enfoque aislacionista en la geopolítica”.

Estados Unidos incluso tiene en vigor una ley que prohíbe que sus soldados sean extraditados para ser juzgados por crímenes de guerra, lo que impide a la CPI pronunciarse por sus acciones militares en Irak o Afganistán. Cuando lo intentó, Washington retiró el visado a la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda.

 “No es solo Estados Unidos, esta posición también se puede ver con las otras cinco potencias, donde China y Rusia son igualmente activos en evitar esta jurisdicción supranacional y bloquear las referencias a la CPI con su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU”, añade De Hoon.

Cuando se estableció la CPI en 2002, Francia y Reino Unido limitaron su jurisdicción para evitar ser procesados por una potencial agresión militar a otro país. En 2018, se amplió la jurisdicción de la CPI sobre este crimen, pero siempre que los dos países afectados ratifiquen el Estatuto enmendado.

Esto es problemático porque siempre expone la justicia penal internacional a las críticas de justicia selectiva. Algunos nacionales son procesados por la CPI, otros están protegidos. Pero esta es la realidad de nuestro orden mundial”, lamenta De Hoon.

Moscú no ha ratificado tampoco el estatuto
Moscú firmó el estatuto en el 2000, pero nunca lo ratificó, y en 2016 retiró su firma tras anexionar Crimea. Con su invasión a Ucrania, no se espera que rectifique ahora.

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De hecho Rusia ha calificado de "nula jurídicamente" la orden de arresto del jefe del Kremlin, Vladímir Putin, por la deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania hacia Rusia. "Las posibles 'prescripciones' de arresto que salgan del Tribunal Internacional serán para nosotros jurídicamente nulas", escribió María Zajárov, portavoz de Exteriores rusa, en su canal de Telegram.

Kiev se comprometió a ratificar el Estatuto al firmar en 2014 el Acuerdo de Asociación con la UE y ya enmendó su última Constitución para aceptar la jurisdicción de la CPI en 2019, pero no ha dado el paso por “preocupación política de que esto desencadene descontento social” ante el “miedo a que la CPI persiga judicialmente a sus soldados y héroes de guerra”, señala a EFE Frederika Schweighoferova, de Parlamentarios para la Acción Global (PGA).

Aunque estas preocupaciones, clarifica la experta, no tienen fundamento porque Ucrania ya aceptó la jurisdicción con dos declaraciones de 2014 y 2015 -que no son ratificaciones del Estatuto para convertirse en miembro- que permiten a la CPI “identificar y juzgar a los perpetradores y sus cómplices de actos cometidos en el territorio de Ucrania desde el 20 febrero de 2014”, según esos documentos.

Estas declaraciones han permitido al fiscal de la CPI, Karim Khan, abrir una investigación por la actual guerra en Ucrania y, agrega Schweighoferova, este tribunal “solo juzgará a los máximos responsables de los crímenes más graves cometidos en el conflicto”.

Desde PGA y el Centro para las Libertades Civiles (CCL), instan al presidente Volodímir Zelenski enviar el expediente al Parlamento ucraniano y firmar la ley correspondiente, para ser miembro del tribunal.

Pero la CPI puede juzgar sólo los crímenes de guerra en Ucrania, no la “agresión” estatal en sí, que requiere que ambos países ratifiquen el Estatuto. Como solución, se podría extender el mandato del tribunal o crear uno especial.

“Lo mejor es ambos: extender el mandato a todas las agresiones futuras y celebrar un juicio en cualquier forma a la agresión actual de Putin. Pero no hay voluntad política para ninguno”, añade De Hoon.

Extender el mandato requiere el respaldo del Consejo de Seguridad, donde Rusia tiene veto, y un tribunal especial necesita un amplio apoyo internacional. Un nuevo órgano judicial sería comparable al que acogió los Juicios de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial.

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El papel de la CPI en el procesamiento de los crímenes de guerra en Ucrania se tratará en Londres el lunes, donde también estará Beth van Schaack, embajadora estadounidense para la justicia penal internacional. “Este es un nuevo momento Nuremberg”, señala van Schaack.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este sábado que "ningún crimen quedará impune"
Sánchez, lider del partido socialista español, expresó la solidaridad de su Gobieno "con el pueblo de Ucrania" durante su intervención en la reunión del Comité federal del PSOE, uno de los órganos de gobierno del partido.

"Cualquier guerra es dolorosa. Esta es doblemente criminal, primero por sus objetivos, que son los de aplastar la libertad y la soberanía de un país como Ucrania" pero también -añadió- "por sus métodos, como acaba de proclamar" la Corte Penal Internacional con la orden de detención.

El líder socialista subrayó que "ningún crimen debe quedar impune; ningún crimen quedará impune".

"Vladímir Vladimirovich Putin, nacido el 7 de octubre de 1952, presidente de la Federación de Rusia, es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia", dice la acusación formal que argumenta la emisión de la orden de arresto.

Los delitos de los que se le acusa ocurrieron al menos desde el 24 de febrero de 2022 en el "territorio ocupado de Ucrania", señaló la CPI, que considera que hay "motivos razonables" para creer que Putin tiene "responsabilidad penal individual" por el crimen de guerra que supone la deportación de menores.