JORGE ERNESTO MEDINA VALDEZ
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- A solicitud del Ministerio Público, fue dictada la prisión preventiva por 18 meses en contra de cinco imputados de la red que borró y alteró registros de antecedentes penales a 16,958 personas, la cual fue desmantelada la pasada semana con la Operación Gavilán.
La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, resaltó que como solicitó el Ministerio Público se declaró la complejidad del proceso y se impuso la prisión preventiva por 18 meses a los imputados
“En el día de hoy se ha concluido con el conocimiento de la solicitud de medida de coerción del proceso conocido como Operación Gavilán. El Ministerio Público había solicitado aquí en audiencia cinco prisión preventiva sobre la base de la gravedad de la adulteración de más de 16,000 casos en la base de datos del Ministerio Público”, explicó Reynoso.
Añadió “habíamos establecido el gravísimo impacto que esto implica, no solo para el Ministerio Público, para el sistema de justicia y para la sociedad, y el juez así lo acogió, dictando, primero la complejidad del proceso, por entender que tiene todas las características de un caso complejo. Asimismo, el juez resaltó que es un proceso hecho conforme a la Constitución dominicana y a las leyes procesales, una investigación amplia, profunda, con pruebas más que suficientes, con una imputación precisa de cargos de parte del Ministerio Público, y en ese sentido, dictó 18 meses de prisión preventiva a estas cinco personas en distintos centros, por ejemplo, uno en el CCR San Pedro, otros tres en Najayo y otro en Najayo 17”, detalló Reynoso.
En ese mismo orden, expresó que “los dos casos de prisión domiciliaria que el Ministerio Público solicitó con impedimento de salida a aquellas personas que colaboraron y admitieron los hechos, unidos también a cinco personas más, en total siete personas imputadas aceptaron los cargos que el Ministerio Público ha presentado en esta medida de coerción”.
Dijo que para la continuidad del proceso y de la investigación es evidente que el Ministerio Público va continuar profundizándola, no solo con respecto a las personas a las que le han solicitado medidas de coerción, sino, aquellos, como algunos fiscales y otras personas que no han sido presentadas a medida de coerción en esta primera etapa para el proceso.
La Ley Orgánica del Régimen Electoral No. 20-23 considera delito electoral la renuncia injustificada a un cargo previamente asignado para los certámenes electorales
