La justicia europea declara ilegal la reforma judicial polaca aunque fue modificada

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró ilegal este lunes la reforma judicial del 2019 en Polonia que dio lugar a una Sala Disciplinaria para los magistrados del Tribunal Supremo de este país. Aunque desde entonces ha sido modificada, sigue causando preocupación en Bruselas por los riesgos para la independencia de la judicatura.

"La mera perspectiva de que los jueces que tienen competencia para aplicar el Derecho de la Unión corran el riesgo de que dicho órgano pueda pronunciarse sobre cuestiones relativas a su estatuto y al ejercicio de sus funciones (...) puede afectar a su independencia", dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un comunicado.

Varsovia acumulaba hasta hoy 555,5 millones de euros en multas por no aplicar cautelarmente una paralización de la actividad de esta sala del Tribunal Supremo, que inicialmente permitía que los jueces estuviesen sujetos a investigaciones disciplinarias, procedimientos y sanciones en función del contenido de sus decisiones judiciales, incluido el ejercicio de su derecho a plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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El valor del Imperio de la Ley
La reforma judicial polaca infringe la ley europea porque socaba el derecho de tener acceso a un juicio independiente e imparcial", mantiene el Tribunal Europeo de Justicia en su declaración.

"El valor del Imperio de la Ley es parte integral de la identidad de la Unión Europea como ordenamiento jurídico común y se concreta en principios que contienen obligaciones jurídicamente vinculantes para los Estados miembros", han dictaminado los jueces este lunes. "Las medidas así adoptadas por el legislador polaco son incompatibles con las garantías de acceso a un tribunal independiente e imparcial establecidas previamente por la ley".

El dictamen supone un rechazo sin ambages de la reforma introducida en 2019 por el Gobierno conservador del partido Ley y Justicia (PiS), que provocó una intensa disputa entre Varsovia y Bruselas.

Las atribuciones de la Sala Disciplinaria
La reforma cambiaba las reglas que rigen las relaciones entre los tribunales, impidiendo a los jueces cuestionarse la imparcialidad de los demás o evaluar la legalidad de los nombramientos.

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También permitía a la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo castigar a los magistrados según el contenido de sus veredictos. Las posibles sanciones incluían una reducción del salario, una suspensión temporal de funciones y la pérdida de la inmunidad para permitir el comienzo de procedimientos judiciales.

 
Esta cámara ha sido repetidamente criticada por la Comisión Europea, Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil por considerarla una herramienta política para extender el control sobre los jueces y debilitar la separación de poderes.

Varsovia defendía este organismo como un instrumento necesario para purgar la influencia de la era comunista y ser más estrictos en la lucha contra la corrupción.

La multa récord de un millón al día
El Tribunal Europeo de Justicia había decidido anteriormente que esta sala era incompatible con la ley de la UE e impuso una serie de medidas provisionales, además de ordenar su desmantelamiento.

El Gobierno polaco continuó rechazando cumplir con dichas medidas, lo que llevó al TJE a imponer al país una multa récord de un millón de euros por día, que fue reducida a comienzos de año a medio millón, después de que el órgano disciplinario fuera sustituido por una "Sala de Responsabilidad Profesional".

La multa se está deduciendo de la asignación de Polonia del presupuesto de la UE y permanecía en vigor hasta este veredicto. 

Contra la obligación de facilitar datos personales
En su nueva sentencia, el TJE reafirmó su posición sobre los poderes punitivos de la cámara y cuestionó directamente la obligación de facilitar datos personales, como la afiliación a partidos políticos y ONG, a la que estaban obligados los jueces polacos.

"La puesta en línea de información relativa a la pertenencia en el pasado a un partido político no es, en el presente caso, apropiada para alcanzar el supuesto objetivo de reforzar la imparcialidad de los jueces", continuaba la declaración de los jueces del TJE.

La divulgación "puede exponer a los jueces a riesgos de estigmatización indebida, al afectar injustificadamente a la percepción que de ellos tienen los particulares y el público en general".

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El Gobierno polaco ya ha presentado legislación para abordar los aspectos más polémicos de la reforma y garantizar la liberación de su parte de 35 000 millones de euros del Fondo de recuperación para la Covid de la UE. Pero el Presidente Andrzej Duda decidió enviar el Proyecto de Ley al Tribunal Constitucional polaco, retrasando aún más su aplicación.